ESCÁNDALO POR USO IRREGULAR DE LICENCIAS MÉDICAS SIGUE CRECIENDO: CONTRALORÍA REVELA MÁS DE 25 MIL FUNCIONARIOS PÚBLICOS IMPLICADOS

 

Un verdadero terremoto institucional desató la Contraloría General de la República tras liberar el listado completo de instituciones estatales involucradas en el uso irregular de licencias médicas entre los años 2023 y 2024. El informe, publicado este viernes por el organismo liderado por Dorothy Pérez, detalló un total de 35.585 licencias presuntamente mal utilizadas, correspondientes a 25.078 funcionarios públicos que habrían viajado fuera del país durante sus períodos de reposo médico.

El caso ha generado una creciente indignación ciudadana y política, ya que involucra a ministerios, subsecretarías, órganos fiscalizadores, municipios, universidades y empresas estatales. La mayoría de los casos se concentra en el ámbito municipal, donde 492 entidades locales suman 20.972 licencias irregulares, lo que representa el 58,9% del total. Las instituciones más afectadas son la Municipalidad de Arica (719 casos), la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique (515) y la Municipalidad de Puerto Montt (483).

En la administración central, destacan los ministerios de Obras Públicas (312 casos), Relaciones Exteriores (29) y Bienes Nacionales (24). También figuran organismos técnicos como Fonasa (44), la Dirección del Trabajo (97), el INE (75), la CMF (18) y la Dipres (5).

Además, 1.262 casos fueron detectados en universidades y empresas públicas, y 117 en gobiernos regionales. Entre las empresas estatales que aparecen en el listado se encuentran BancoEstado (317 casos), Codelco (204) y Metro (188).

El informe también reveló nombres de figuras públicas como Marcos Barraza, exministro de Desarrollo Social y Familia, quien justificó su licencia tras asistir a un congreso en México, y Raúl Domínguez, funcionario de Subtel cercano al Presidente Boric, cuya renuncia fue confirmada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

Pero la situación podría escalar aún más: la Contraloría informó además que 250 médicos con función pública habrían incurrido en uso irregular de licencias al asistir a 710 partos en clínicas privadas durante sus propios períodos de reposo. Estas acciones se concentran en licencias otorgadas por Fonasa (27%) e Isapres (73%).

El Ministerio Público ya abrió una investigación de oficio para esclarecer responsabilidades y determinar sanciones. La ciudadanía, en tanto, observa con atención el desarrollo de este caso que pone en tela de juicio la ética y el buen uso de los recursos en el sector público.