CORTE SUPREMA ANULA CONDENA POR INSÓLITO CASO DE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD DETECTADO EN PARRAL

 

Un insólito caso de suplantación de identidad en la comuna de Parral fue clave para que la Corte Suprema anulara una condena injustamente dictada contra una mujer inocente. La situación, descubierta gracias a la aguda observación de una funcionaria de Gendarmería, puso al descubierto serias deficiencias en los mecanismos de verificación de identidad en el sistema judicial.

Los hechos se remontan al 24 de febrero de 2022, cuando una mujer identificada como “Andrea Castillo Solís” asaltó una tienda comercial con un arma de juguete, llevándose $15.000 en efectivo. Carabineros la detuvieron minutos después. Durante todo el proceso penal, la imputada mantuvo una identidad falsa: la de su prima.

Tres meses más tarde, fue condenada a tres años y un día de libertad vigilada intensiva, sentencia que debía cumplir en un centro de Rancagua. Sin embargo, la verdadera Andrea nunca ingresó al recinto. El 6 de julio de ese mismo año, Carabineros volvieron a detener a la misma mujer —ahora por un nuevo robo— lo que encendió las alarmas.

El punto de quiebre ocurrió en junio de 2023, cuando una suboficial de Gendarmería, mientras custodiaba a la imputada hacia una audiencia, notó inconsistencias en su identidad. Al confrontarla, la mujer finalmente confesó: su verdadero nombre era Carolina Solís Rodríguez y había usurpado la identidad de su prima para ocultar sus antecedentes penales.

Tras este giro, la Fiscalía solicitó suspender la ejecución de la condena impuesta a Andrea Castillo. El 10 de julio de 2023, Carolina fue condenada a 122 días de presidio por los delitos cometidos bajo la identidad falsa. La causa fue asumida por la Fiscalía Regional del Maule luego de que el tribunal local se declarara incompetente.

Finalmente, en febrero de 2024, la Corte Suprema acogió los antecedentes y anuló la condena contra Andrea Castillo Solís, estableciendo que no era responsable de los cargos por los que había sido juzgada. Además, se ordenó eliminar dicha causa de su prontuario penal.

Este caso no solo deja en evidencia importantes fallas en los procesos judiciales, sino que también destaca el rol fundamental de los funcionarios penitenciarios en la protección de la justicia y la veracidad procesal.