FUNCIONARIA DEL REGISTRO CIVIL DE CAUQUENES EN PRISIÓN PREVENTIVA POR MALVERSACIÓN DE DINERO PÚBLICO

 

La Fiscalía de Cauquenes ha desarrollado una intensa investigación en torno a los hechos en que aparece como imputada una funcionaria del Registro Civil de Cauquenes, la que se encuentra en prisión preventiva, por su presunta participación en el delito de malversación de dineros públicos.

Durante un período de cuatro meses, la Fiscalía ha llevado a cabo diversas diligencias con el objetivo de esclarecer un caso de malversación de fondos públicos que involucra a la funcionaria Liliana Ríos Concha, quien desempeñaba un rol clave en el Registro Civil de Cauquenes.

Las investigaciones han revelado que Ríos Concha habría recibido pagos relacionados con más de 800 transacciones de vehículos que se llevaron a cabo en notarías de la ciudad. Estos documentos, encontrados en su propia oficina, nunca fueron debidamente tramitados en el Sistema de Vehículos Motorizados ni se realizaron las inscripciones legales correspondientes en el registro nacional de vehículos. Como resultado, la funcionaria no ingresó los fondos al erario público y retuvo una suma estimada en 24 millones 207 mil pesos.

El Fiscal Jefe de Cauquenes, Francisco Ávila, quien lideró la investigación en colaboración con la Policía de Investigaciones (PDI), ha declarado: "El Ministerio Público ha formalizado y comunicado los cargos por el delito de malversación de caudales públicos, que se refiere a la apropiación indebida que la funcionaria realizó de los fondos provenientes de las transacciones de vehículos en notarías. Estas transacciones no fueron registradas ni inscritas, resultando en un total de 879 contratos sin tramitar y un monto total de 24 millones de pesos. Debido a la magnitud de la suma y la gravedad del delito, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva".

El tribunal ha respaldado la petición de la Fiscalía y ha dispuesto la prisión preventiva de Liliana Ríos Concha, además de establecer un plazo de investigación de tres meses. La decisión se basa en los argumentos presentados por el fiscal Ávila, quien destacó la rapidez con la que se tomaron medidas tras conocer los hechos y la gravedad de la malversación.

Este caso sigue siendo objeto de investigación, y las autoridades competentes están trabajando para esclarecer todos los detalles y llevar a cabo un proceso legal justo y transparente para lo cual cuentan con un plazo de tres meses para investigar.

Hasta el cierre de esta información se conocía reacciones desde el Servicio de registro Civil respecto de los hechos investigados.