Los parlamentarios de Evópoli
reaccionaron con firmeza ante la fuerte caída del fondo E que afecta a los
cotizantes del sistema previsional. En una acción conjunta, Tomás Kast, Jorge
Guzmán y Luciano Cruz-Coke, ingresaron un oficio dirigido a la Superintendencia
de Pensiones para conocer las explicaciones del ente fiscalizador.
La ofensiva, se fundamenta en las
alarmantes cifras del propio regulador correspondientes a septiembre de 2026,
las cuales revelan que el Fondo E —diseñado normativamente como el más
conservador y seguro— anotó una rentabilidad real negativa de -4,92% en un solo
mes, acumulando un desplome del -10,39% en lo que va del año. Los legisladores
advirtieron que la volatilidad promedio del Fondo E alcanzó un 9,62%, una cifra
peligrosamente idéntica a la del Fondo A (9,72%), destruyendo la naturaleza
defensiva de este portafolio.
El diputado Tomás Kast, señaló
que "no nos podemos quedar de brazos cruzados cuando vemos que fondos
ultraconservadores se comportan con la misma volatilidad que el Fondo A.
Exigimos que la Superintendencia rinda cuentas de inmediato sobre qué alertas
ignoró y cómo permitió que las AFP expusieran US$ 7.700 millones de los
chilenos en el mercado de derivados y swaps de tasas. Si la rentabilidad futura
no le devuelve el dinero hoy al que se tiene que pensionar esta semana,
entonces el regulador debe asumir su responsabilidad política y técnica".
Por su parte, el legislador Jorge
Guzmán sostuvo con fuerza que “nosotros desde Evópoli hemos sido muy críticos
de lo que ha acontecido en esta pérdida de recursos desde el fondo E de la AFP,
porque es un fondo conservador, es un fondo que busca garantizar los recursos
para personas que están a puertas de jubilar, y, por tanto, no se entienden que
se hayan asumido estos riesgos, que hayan existido estas pérdidas y que, en
definitiva, hayan ocurrido de la forma que ocurrieron. Por tanto, nosotros
también exigimos saber qué es lo que hizo, qué es lo que va a hacer la
Superintendencia de Pensiones, conocer qué fue lo que llevó a la AFP a hacer
inversiones riesgosas, y, en definitiva, poner en riesgo los fondos de las
personas. Y, en definitiva, si aquí hay responsabilidades, tienen que existir
sanciones. Por cuanto pone en riesgo el sistema de pensiones en su conjunto”.
El requerimiento legislativo
exige a la Superintendencia de Pensiones un desglose financiero exhaustivo de
las pérdidas del Fondo E desde enero de 2025, transparentando el impacto de una
inversión de US$ 7.700 millones en derivados y calculando el daño real para los
jubilados. Asimismo, los parlamentarios solicitan transparentar los costos
ocultos de corretaje, revisar la flexibilización de los límites de riesgo de
las AFP y auditar los procesos de fiscalización y sanciones aplicados.
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