RADAR: NUEVA HERRAMIENTA DE CONTRALORÍA IDENTIFICA Y ALERTA SOBRE RIESGOS ALTOS PARA MEJORAR EL CONTROL EN LAS INSTITUCIONES

 

Reporte reveló que, entre enero de 2024 y mayo de 2025, algunos municipios, GORE y SUBDERE emitieron órdenes de compra con trato directo por más de $1 billón, lo que constituiría el riesgo de que no se justifique el uso de esta modalidad excepcional.

Con el propósito de fortalecer la probidad, la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos, la Contraloría General de la República presentó, este martes 7 de abril, RADAR, una nueva herramienta que permite identificar y alertar sobre altos riesgos en distintos procesos de la Administración del Estado.

RADAR -Reporte de Análisis de Datos con Alerta de Riesgo- es un producto de carácter preventivo, basado en el análisis de grandes volúmenes de información. Su objetivo es detectar situaciones que podrían representar irregularidades en la gestión pública.

En su primera edición, RADAR aborda las compras públicas realizadas por algunas municipalidades, gobiernos regionales (GORE) y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE). En el periodo analizado, de enero de 2024 a mayo de 2025, se identificó que se emitieron 556.222 órdenes de compra, con uso reiterado del trato directo o de la contratación excepcional directa con publicidad. Respecto de lo anterior, el monto transado bajo estas modalidades alcanzó más de un billón de pesos ($1.167.244.609.803).

Esto último constituye un riesgo, “pues no siempre podrían concurrir los supuestos fácticos y jurídicos que justifican el uso de estas modalidades, que la ley califica como excepcionales”, indica el documento.

Otra de las eventuales alertas se refiere a posibles vínculos entre funcionarios que intervienen en procesos de compra y proveedores de reciente constitución, lo que configura un riesgo potencial de conflicto de intereses, especialmente asociado a operaciones totales por más de $889 millones.

El reporte busca informar a las autoridades edilicias, gobiernos regionales y a la SUBDERE, con el fin de que adopten medidas de control más robustas, fortalezcan sus sistemas internos y prevengan eventuales situaciones que puedan afectar la integridad de la gestión pública.

Ante este nuevo producto institucional, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, señaló que estos antecedentes no establecen ni presume la existencia de irregularidades ni actos de corrupción, sino más bien que “la herramienta tiene un enfoque de alerta temprana, orientado a advertir escenarios que, de no ser oportunamente gestionados, podrían derivar en conflictos de interés o en afectaciones a los principios de probidad e imparcialidad que rigen la función pública”.

En aquellos casos en que las alertas se traduzcan en hechos concretos, estos podrán dar lugar a fiscalizaciones específicas, a la determinación de responsabilidades administrativas o, cuando corresponda, a denuncias ante el Ministerio Público, conforme a la normativa vigente.