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La alerta volvió a instalar en el debate público una
discusión que Chile viene postergando desde hace años. Durante su exposición
ante la Comisión de Salud del Senado, la ministra de Salud, May Chomali,
advirtió sobre la situación de pacientes que continúan en hospitales pese a
haber recibido el alta, principalmente porque no cuentan con apoyo familiar,
comunitario o institucional para continuar su cuidado fuera del recinto.
Más allá del impacto que han tenido sus declaraciones, estos
pacientes son personas con un claro perfil sociosanitario, es decir, pacientes
cuya condición aguda ya está estabilizada, pero que no pueden abandonar los
hospitales porque mantienen dependencia social y de cuidados, así lo explicó la
académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UTalca,
Carolina Riveros Ferrada, quien destacó que el informe semestral de la División
de Gestión de la Red Asistencial (2024), registró 886 casos activos a nivel
nacional, de los cuales 798 permanecían en establecimientos hospitalarios y 88
estaban en camas del extrasistema.
Para la académica, este escenario debe entenderse más allá
de la urgencia sanitaria y la utilización de camas hospitalarias. “Acá,
definitivamente, estamos hablando de una cuestión de cuidados”, sostuvo, al
explicar que se trata de personas vulnerables que no requieren atención médica
clínica, pero sí acompañamiento, supervisión y condiciones básicas para vivir
fuera de los hospitales.
Aunque la categoría sociosanitaria no se limita a personas
mayores, detalló la especialista, los datos muestran que el envejecimiento
ocupa un lugar central en esta realidad. El mismo informe indica que el 71% de
los casos corresponde a personas de 60 años o más.
Riveros indicó que lo que aquí aparece “es la punta del
iceberg de un problema mucho más grave”, porque detrás de estas cifras hay
personas que “están solas, no tienen redes y eso también las termina
enfermando”.
En esa línea, la especialista subrayó la necesidad de
avanzar en la implementación de la Ley 21.805, vinculada al derecho al cuidado.
A su juicio, el desafío no pasa solo por aumentar la respuesta estatal, sino
también por asumir una responsabilidad social más amplia y recordó que,
“existen deberes ético-jurídicos dentro de las familias y comunidades”.
En este sentido, la profesora añadió que el problema obliga
a mirar con más atención la forma en que el país enfrenta el envejecimiento.
“Tenemos que cambiar, en definitiva, cuestiones que son más que jurídicas, más
que económicas, son cuestiones sociales”, afirmó. En su opinión, Chile necesita
fortalecer instrumentos, recursos y redes para que la vejez no termine asociada
a abandono o a largas sobreestadías hospitalarias.
“El hecho que una persona mayor se encuentre en situación de
abandono denota y presenta de forma negativa a la sociedad”, remarcó la académica. Por eso, alertó que el
debate abierto por estos casos no solo interpela al sistema de salud, sino
también a la capacidad del país para cuidar con dignidad a todos los miembros
de la sociedad. La familia, la comunidad y el Estado son quienes deben
articularse para resguardar a cada sujeto de derecho.
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