A contar de este miércoles 15 de abril de 2026, 309 comunas
del país comenzaron a recibir recursos provenientes del Royalty Minero, por un
total de $56.633 millones. Esta transferencia, la primera cuota de este año,
fortalece el financiamiento municipal, entregando mayor capacidad de inversión
y autonomía para responder a las urgencias de las comunidades.
De esos $56.633 millones transferidos en la primera cuota,
$13.729 millones corresponden al Fondo Comunas Mineras (FCMI) para 45 comunas;
y $42.904 millones provienen del Fondo de Equidad Territorial (FET) para 302
comunas, cuyo objetivo es acortar brechas presupuestarias entre las distintas
comunas del país.
El subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo
(SUBDERE), Sebastián Figueroa, sostuvo que “el mandato del Presidente José
Antonio Kast es responder a las urgencias de los ciudadanos mediante soluciones
concretas y en el menor tiempo posible. Esta transferencia de recursos hacia
los municipios apunta precisamente a eso: entregar financiamiento para que los
alcaldes puedan enfrentar la emergencia en seguridad, recuperar los espacios
públicos y reactivar el desarrollo en sus comunas”.
Por su parte, el subsecretario de Minería, Álvaro González,
destacó el valor del sector minero: "En un gobierno que ha puesto las
urgencias ciudadanas al centro, estos recursos permiten que las comunas cuenten
con más herramientas para enfrentar los desafíos en seguridad, espacios
públicos y desarrollo local. Queremos que el círculo virtuoso de la minería se
note en la calidad de vida de todos los chilenos, especialmente en las regiones
y comunas mineras, y que cada peso se destine a las urgencias sociales de las
personas más desfavorecidas”.
El Royalty Minero es un impuesto aplicado a las grandes
empresas mineras, que distribuye anualmente 450 millones de dólares a regiones
y comunas del país. Las comunas que reciben recursos del Fondo de Comunas
Mineras se determinan según un informe de la Comisión Chilena del Cobre, basado
en dos criterios: que estén en una región minera y que tengan operaciones
mineras activas de empresas afectas al impuesto específico a la minería.
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