CONTRALORÍA ORDENA A DIRECTOR DE DIDECO DE LINARES DEVOLVER MÁS DE $22 MILLONES RECIBIDOS MIENTRAS ESTABA PRIVADO DE LIBERTAD

La Contraloría General de la República ordenó al director de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la Municipalidad de Linares, John Sancho, reintegrar más de $22 millones que percibió en remuneraciones mientras se encontraba privado de libertad en el marco de una investigación judicial.

La situación quedó establecida en el Informe Final N°444 del organismo fiscalizador, elaborado tras una presentación realizada en noviembre de 2024 por la diputada Consuelo Veloso, quien solicitó revisar los pagos de sueldos y horas extraordinarias al interior del municipio.

De acuerdo con el informe, el funcionario recibió $22.648.367 en remuneraciones entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, periodo en el que permanecía bajo prisión preventiva y posteriormente arresto domiciliario, en el contexto de la investigación por presunto fraude al fisco.

El documento también establece que durante esos meses Sancho percibió bonos de Mejoramiento de Gestión por cerca de $5 millones, pagos que la Contraloría calificó como improcedentes.

Frente a estos antecedentes, el organismo instruyó sumarios administrativos, ordenó el reintegro de los recursos en un plazo de 30 días hábiles y remitió los antecedentes a la Superintendencia de Seguridad Social para su revisión.

Observaciones por pago de horas extraordinarias

El informe también detectó otras irregularidades en la gestión municipal. Según lo consignado por Contraloría, durante 2024 la Municipalidad de Linares pagó más de $610 millones en horas extraordinarias.

En una revisión parcial de $102 millones, el ente fiscalizador comprobó que se cancelaron cerca de 700 horas indebidas, que al menos diez funcionarios superaron el límite legal mensual de horas extra y que el sistema registró más de 160 irregularidades en el control de asistencia.

Tras conocerse el informe, la diputada Consuelo Veloso señaló que realizará seguimiento al cumplimiento de las medidas ordenadas.

“Estaremos vigilantes para que estos recursos sean reintegrados. La política no puede transformarse en un espacio para servirse del Estado”, manifestó la parlamentaria.

Asimismo, recordó que John Sancho y el alcalde de Linares, Mario Meza, figuran como imputados por fraude al fisco reiterado en la investigación del denominado Caso Cloro, causa que indaga compras con presuntos sobreprecios durante la pandemia y que involucraría cerca de $200 millones.

Las diligencias administrativas y judiciales relacionadas con estos hechos continúan en desarrollo.