El estremecedor
homicidio de una inspectora al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta en
Calama, reabrió con fuerza la discusión sobre seguridad en los establecimientos
educacionales. En medio de la conmoción, volvió al centro del debate la llamada
“Ley Insuco”, que busca autorizar la instalación de detectores de metales en
colegios y centros de salud para prevenir el ingreso de armas.
“Lo ocurrido en Calama
exige justicia, reparación y una respuesta pública seria. Precisamente por la
magnitud del hecho, la discusión no puede quedar secuestrada por el impulso de
ofrecer medidas rápidas, vistosas y políticamente rentables, que a la larga
pueden resultar ineficaces”, afirmó el abogado y académico Rodrigo Medina.
Según el profesional,
convertir el acceso a una escuela o liceo en un proceso de requisa no ataca las
causas de la violencia escolar, sino que desplaza el problema y criminaliza a
los estudiantes.
“Desde una perspectiva
crítica, la pregunta no es solo si un pórtico detecta un objeto, sino qué tipo
de escuela y de sociedad estamos construyendo cuando asumimos que la respuesta
principal frente a adolescentes en crisis es tratarlos como potenciales sospechosos
en la puerta de su propio espacio educativo”, agregó.
El proyecto conocido
como “Ley Insuco” fue aprobado por la Cámara de Diputados en octubre de 2025 y
se encuentra actualmente en el Senado. La iniciativa fue presentada por
parlamentarios de la UDI, tras un plan piloto implementado por el alcalde
Roberto Neira en el Instituto Superior de Comercio Tuburcio Saavedra de Temuco.
“La instalación de
detectores de metales puede incluso producir un efecto comunicacional engañoso,
porque facilita a las autoridades decir que ‘hicieron algo’, mientras eluden
preguntas mucho más difíciles. Por ejemplo, ¿qué señales previas existían?,
¿qué capacidad real tienen las escuelas para identificar amenazas,
hostigamiento o conductas de riesgo?, ¿qué apoyo reciben los equipos de
convivencia escolar? El punto central es que la violencia no nace en el
pórtico”, sostuvo Medina.
Un ángulo poco discutido
El jurista también observó
que el tratamiento mediático del caso ha estado marcado por un enfoque
estrecho, que deja fuera una dimensión cada vez más presente en la violencia
contemporánea: la influencia de redes sociales, comunidades digitales e
inteligencia artificial en la preparación y simulación de hechos violentos.
Como ejemplo, el abogado
mencionó los tiroteos ocurridos en febrero pasado en Tumbler Ridge, Canadá,
donde -según reportes internacionales- OpenAI advirtió meses antes actividad
vinculada a escenarios violentos en una cuenta asociada a la autora de los
ataques. Aunque en ese momento la empresa concluyó que no existía un riesgo
“inminente y creíble” como para alertar a la policía, informó cambios en sus
protocolos de seguridad tras la masacre.
“No se trata de reducir
tragedias complejas a IA, pero tampoco sirve fingir que las tecnologías son
neutrales cuando en verdad permiten ensayar, narrar y compartir violencia con
una facilidad inédita, muchas veces en circuitos donde la supervisión pública
es prácticamente nula. No estamos ante un videojuego, sino ante una
transformación concreta de los modos en que la violencia circula, se valida y
escala. Chile debe sumarse a ese debate”, recalcó Medina.
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