Con el despliegue territorial de la Directora Implementadora, Macarena Cortés, ya comenzó la ejecución del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, institucionalidad promulgada a fines del año pasado, la cual modifica la orgánica de las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), encargadas de proporcionar ayuda jurídica gratuita, especialmente a la población más vulnerable.
Se trata de un proceso que deberá completarse en un plazo de 18 meses en todo el territorio nacional, y que ya se inició de manera paulatina desde Arica a Valparaíso, para luego extenderse a otras zonas del país, como la Región del Maule.
Consultada por una reforma que implica cambios drásticos en una garantía fundamental para la ciudadanía, la presidenta de la Asociación de Funcionarios y Profesionales de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana (AFUNPRO), Mónica González, señaló que, si bien se trata de un paso histórico, “requiere un apoyo robusto en logística y recursos para cumplir efectivamente su objetivo”.
“Siempre hemos apoyado esta reforma desde nuestra experiencia, sin embargo, creemos que si no existe un informe financiero adecuado y un respaldo real del Estado en su conjunto, difícilmente se avanzará más allá de cambios cosméticos”, sentenció la dirigente.
La trabajadora social, oriunda de la ciudad de Cauquenes, destacó además que la labor de las Corporaciones de Asistencia Judicial, así como del renovado Servicio, “no se limita únicamente a patrocinar causas judiciales de quienes no cuentan con recursos para contratar asesoría particular”, agregando que también “incluye líneas de trabajo en infancia, adolescencia y personas mayores, ámbitos clave para el bienestar y la justicia social”.
“Hoy la ciudadanía presencia una degradación de la justicia, asociada al tráfico de influencias y la corruptela. Por eso es tan importante valorar y fortalecer a quienes día a día recogemos los problemas y necesidades del Chile real”, afirmó González.
Cabe destacar que el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, junto con poner término al modelo de las CAJ —vigente desde 1981—, establece una nueva estructura de apoyo legal para la población, incorporando un elemento innovador como la Defensoría de Víctimas, en un contexto donde la seguridad pública se ha transformado en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.
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