Un conflicto de larga
data volvió a escalar en Cauquenes, luego que la municipalidad intentara
ejecutar una orden de desalojo, acusando a una empresa privada de ocupación
ilegal.
El operativo, que
emprendieron hace una semana Carabineros y funcionarios municipales, afectó un
terreno de la Sociedad Agrícola Reyes Hernández Limitada, que el municipio
considera como área verde de uso público.
“La municipalidad vino a
ejercer una orden de desalojo en contra de nuestra propiedad y trató de
ejecutarla causando daños en los cercos y el acceso. Todo esto se funda en un
error de planimetría que se arrastra desde el año 2005 y que fue desmentido en
su momento tanto por el Serviu como por la Seremi de Vivienda y Urbanismo”,
señaló Edgardo Reyes, representante de la sociedad.
“El área verde existe,
pero no está ubicada dentro de nuestra propiedad. Está más hacia el poniente,
con la misma superficie que exige el municipio. A pesar de eso, han insistido
en abrir nuestros cercos”, reclamó.
Reyes indicó que el
retazo de aproximadamente 450 metros cuadrados, ubicado en la Villa Los
Troncos, forma parte del Fundo Retulemu que aparece claramente delimitado en un
título de dominio con sus 107,12 hectáreas. “Esta es una propiedad con más de
70 años en nuestra familia. Somos agricultores y queremos mantenernos en ese
rubro”, afirmó.
“El área verde existe”
El abogado de la
sociedad agrícola, Matías Villegas, explicó que la máxima autoridad regional de
Vivienda informó incluso los mecanismos legales a la municipalidad, para corregir
las equivocaciones. “La SEREMI instruyó al director de Obras a rectificar el
plano del 2005 por contener errores evidentes. El problema es que el director
acató solo parcialmente: aprobó un plano de subdivisión, pero no corrigió el
catastro ni el error original, lo que mantiene vivo el conflicto”, precisó.
“No entendemos la
postura del municipio -añadió-. Saben dónde está el área verde, pueden tomar
posesión de ella porque está libre, pero aun así insisten en un terreno que ya
se demostró que pertenece a un particular”.
Si bien Reyes restituyó
la valla que delimita la propiedad, teme que la municipalidad regrese con otra
orden de desalojo o demolición.
“Existe el temor real de
que vuelvan a botar el cerco, pero nosotros vamos a proteger nuestro derecho. Aquí
podría configurarse el delito de prevaricación, porque las autoridades conocen
los informes técnicos y las resoluciones existentes y, aun así, las ignoran sin
una fundamentación sólida”, recalcó.
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