Con el objetivo de conocer en
terreno el funcionamiento del nuevo modelo de reinserción y reforzar el trabajo
coordinado entre instituciones, se llevó a cabo una reunión entre jueces del
Juzgado de Garantía de Curicó y el equipo directivo y técnico del Servicio
Nacional de Reinserción Social Juvenil en la región del Maule.
Durante la visita, realizada
en el Centro de Internación Provisoria e Internación en Régimen Cerrado
(IP-IRC) de Talca, se abordaron los principales desafíos del proceso de
implementación del servicio y se destacaron los avances en materia de
intervención con adolescentes y jóvenes que han infringido la ley o están
siendo investigados por delitos.
Cabe recordar que el Servicio
de Reinserción Social Juvenil comenzó su funcionamiento el 13 de enero de 2025
en la región del Maule y en toda la Macrozona Sur, con el mandato de
desarrollar una política pública especializada que garantice un enfoque de
derechos y propicie una efectiva integración social.
La visita también incluyó un
recorrido por las instalaciones del centro, donde los magistrados pudieron
conocer de cerca las condiciones en que se desarrolla el proceso de
reinserción. Recorrieron las casas, talleres, escuela, enfermería y otros
espacios, dialogando con los propios jóvenes que hoy forman parte del sistema.
El encuentro fue clave para
afianzar el compromiso institucional y coordinar acciones que fortalezcan las
intervenciones, desde una lógica articulada y con foco en la restitución de
derechos y la prevención de la reincidencia.
Especialización
“Posicionarse como una
institución especializada en la reinserción social de jóvenes que han cometido
infracciones de ley, implica una mayor preparación técnica no solo para este
Servicio, sino también para jueces, fiscales y defensores. Por esto, actualmente
se toma en cuenta el origen territorial de las y los jóvenes como un dato
relevante para la aplicación de su sanción o medida”, explicó la directora
regional del Servicio de Reinserción María Belén Aguilera.
También, la autoridad regional
profundizó: “De este modo, el Juzgado de Garantía encargado del seguimiento de
la sanción o medida aplicada, ahora corresponde al lugar de domicilio del joven
o adolescente y no al lugar donde se encuentra cumpliendo, lo que permite a la
magistratura tener un conocimiento de la realidad territorial del o la joven
que cometió la infracción, priorizar criterios y siempre poner como objetivo
superior la reinserción social", cerró.
Sanción como oportunidad
En tanto Jorge Valenzuela
Navarro, Juez de Garantía del Tribunal de Curicó, señaló que él junto a los
cuatro jueces del Tribunal quedaron sorprendidos por la infraestructura,
seguridad y “la preocupación por los jóvenes, hecho que a uno como juez lo
gratifica, toda vez que cuando el joven es enviado a prisión preventiva o por
sentencia, se está enviando a un lugar en el que se preocupan de
reinsertarlo en nuestra sociedad y eso para un juez es un gratificante,
porque ya no ve esa sanción como un castigo, sino como una oportunidad”.
Finalmente, resaltó la
importancia de establecer lazos como estos, que “agilizan los procedimientos,
conoces a las otras personas, sabes qué labor desempeñan y eso va en bien del
tiempo que se ocupa, menos burocracia y mejor para todos”, concluyó.
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