Una ley
mordaza en pleno siglo XXI. Así calificó el Colegio de Periodistas de Chile la
moción impulsada por senadores de distintos partidos, que pretende endurecer
las sanciones por la divulgación de antecedentes de causas penales, sin dejar
claro quiénes serían los sujetos activos del delito que se busca condenar. Esta
ambigüedad, señaló Rocío Alorda, presidenta del Colegio de Periodistas en la
Comisión de Constitución del Senado, se traduce en una amenaza directa a la
libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía a estar informada, situaciones
que van contra el estándar internacional en derechos humanos.
“El proyecto
no apunta al verdadero problema, que es la incapacidad del Estado,
particularmente del Ministerio Público y del Poder Judicial, para resguardar de
forma adecuada los antecedentes bajo su custodia. En vez de fortalecer los
controles internos, se pretende disparar contra los mensajeros”, criticó la
dirigenta.
El Colegio de
Periodistas de Chile ha sido enfático en exigir que el texto legal especifique
de manera clara y restrictiva quiénes son los responsables de las filtraciones,
dejando fuera de su articulado a periodistas.
“Nuestro
Consejo Nacional se ha declarado en alerta máxima. No aceptaremos que se
establezcan normas que sancionen la difusión de información de interés público
ni se limite el rol fiscalizador de la prensa. Este proyecto, tal como está
redactado, sienta las bases para una nueva forma de censura previa”, advirtió
Alorda.
En esa
dirección, la presidenta de la Orden señaló que en el marco de un nuevo
aniversario de la institución gremial, “el Estado debe apuntar a generar marcos
legales y políticas públicas que fomenten el desarrollo del periodismo de
manera segura entendiendo el rol fundamental que tiene la profesión para la
transparencia pública y el fortalecimiento de la democracia”.
“Es
inaceptable que en el contexto del Día de la y el Periodista, estemos
debatiendo leyes que buscan silenciar la prensa, en lugar de proteger su labor
de interés público. La libertad de informar no es negociable. No permitiremos
que desde el Congreso se pretendan poner limitaciones a la posibilidad de
investigar a la corrupción y al abuso de poder”, sostuvo el presidente del
Consejo Metropolitano de la orden, Rodrigo Mundaca.
La agrupación
llamó a la ciudadanía, a medios de comunicación y parlamentarios comprometidos
con los derechos humanos a rechazar “este retroceso legal y defender con
firmeza la libertad de prensa como piedra angular de toda democracia”, concluyó
Mundaca.
La iniciativa
—presentada por los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperger (UDI), Paulina
Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS)— ha sido
bautizada por los medios de comunicación como Ley Mordaza 2.0, por sus efectos
potencialmente regresivos en materia de libertad de expresión.
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