Una profunda incertidumbre rodea la desaparición de María Ignacia González, concejala de Villa Alegre, quien fue vista por última vez en la madrugada del pasado domingo, luego de participar en labores de apoyo a vecinos afectados por el reciente sistema frontal que golpeó a la región del Maule. Desde entonces, no se tienen noticias sobre su paradero, lo que ha motivado una amplia e intensa búsqueda encabezada por la PDI, bomberos, equipos municipales, GOPE, Carabineros y vecinos de la comuna.
La autoridad comunal, de 73 años, fue captada por cámaras de seguridad conduciendo su vehículo en dirección al río Loncomilla, específicamente en las cercanías de la Balsa El Peumo, zona que une Villa Alegre con San Javier. Su inasistencia a una reunión con cuadrillas de ayuda —algo inusual dada su activa participación en labores comunitarias— encendió las primeras alarmas. Horas después, su familia interpuso una denuncia por presunta desgracia, activando operativos de búsqueda terrestre y aéreo en la zona.
González es profesora de Educación Básica, madre de dos hijas, y ha ejercido por cinco períodos como concejala en representación de la Democracia Cristiana (DC). Desde 2004, figura como propietaria de un inmueble en Villa Alegre, según su Declaración de Intereses y Patrimonio.
La desaparición ha causado fuerte conmoción, no solo por tratarse de una autoridad local, sino porque surgen sospechas de la posible participación de terceros. El actual alcalde de la comuna, Arturo Palma, reveló en una entrevista televisiva que María Ignacia González había sido parte de una denuncia presentada hace meses contra la anterior administración municipal, encabezada por el exalcalde Pablo Fuentes (IND-ChV).
Esa denuncia —respaldada por otros concejales— alertaba sobre al menos 13 irregularidades en la gestión anterior, entre ellas pagos sin respaldo, compras fragmentadas y fallas en el control administrativo. La Contraloría General de la República emitió un informe confirmando las anomalías. Según Palma, otra concejala habría recibido amenazas telefónicas por estos hechos, lo que refuerza la hipótesis de una posible represalia contra González.
Por ahora, la Brigada de Homicidios de la PDI de Linares lidera las diligencias investigativas, mientras más de 100 efectivos trabajan en terreno para esclarecer lo ocurrido. El país sigue atento a esta angustiante búsqueda, con la esperanza de que pronto se pueda conocer el paradero de una mujer comprometida con su comunidad y que, hasta hoy, es símbolo de servicio público en la región del Maule.
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