PROYECTO QUE EXTIENDE HASTA 2027 EL PLAZO DE REGULARIZACIÓN DE DERECHOS DE AGUA EN EL MUNDO RURAL SE CONVERTIRÁ EN LEY
El proyecto
de ley que prorroga hasta el año 2027 el plazo para la regularización de
derechos de agua en el mundo rural, consiguió su aprobación definitiva en el
Senado, convirtiéndose en una nueva ley de la República. La iniciativa, de
autoría del diputado Víctor Pino, “busca dar dos años adicionales para
que los titulares de derechos de agua completen su regularización, un proceso
que ha sido difícil para muchas familias, especialmente en zonas rurales”,
señaló el legislador.
Para el
parlamentario la importancia de esta nueva ley “responde a las necesidades del
mundo rural, donde pequeños agricultores y comunidades han enfrentado
obstáculos como la falta de acceso a tecnología, información y servicios
adecuados para realizar los trámites. Este es un paso crucial para las familias
rurales que dependen del agua para sus cultivos y su sustento diario. Muchos
han sido excluidos de este proceso por factores ajenos a su voluntad, y hoy
logramos darles un respiro”, afirmó el parlamentario Pino.
El proyecto
aprobado modifica la Ley 21.435, que reforma el Código de Aguas, y extiende el
plazo original, que vencía en 2025, hasta el 6 de abril de 2027, para así
garantizar que más personas puedan regularizar sus derechos sin la presión de
una fecha límite inalcanzable. Durante el debate, el diputado Víctor Pino
hizo hincapié en “la necesidad de un acompañamiento activo por parte del
Gobierno, especialmente para apoyar a los adultos mayores y a quienes no tienen
acceso a servicios de apoyo como los ofrecidos por el Instituto de Desarrollo
Agropecuario” (Indap).
El legislador
también recordó que esta extensión no solo beneficia a los agricultores, “sino
que también contribuye a dar justicia social, porque reduce las desigualdades
que existen entre quienes cuentan con los recursos para regularizar sus
derechos y quienes no”.
La nueva ley
contempla la obligación de que los titulares presenten documentos adicionales
para evitar sanciones futuras, y la obligación de que la Dirección General de
Aguas (DGA) informe semestralmente sobre el progreso de las regularizaciones,
medidas con las que se busca asegurar que el proceso sea transparente y
efectivo para todos los involucrados.
“Estoy muy
contento con la aprobación de mi proyecto, considero porque que la
regularización de los derechos de agua es cumplir en parte con la deuda
histórica que tenemos con el mundo rural, sin embargo aún queda mucho por hacer
y ese es parte de mi compromiso legislativo”, concluyó el diputado del
Partido Demócratas, Víctor Pino.
Comentarios
Publicar un comentario