FUNCIONARIOS ADVIERTEN RENUNCIA MASIVA MIENTRAS AVANZA REFORMA A GENDARMERÍA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

  

Con un clima de alta tensión entre el Gobierno y los gremios penitenciarios, la reforma constitucional que busca transformar a Gendarmería de Chile continúa su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados, mientras asociaciones de funcionarios han advertido la posibilidad de renuncias masivas si la iniciativa avanza en los términos actuales.

La Comisión de Constitución aprobó por unanimidad, en general, el proyecto que propone que Gendarmería deje de depender del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para integrarse al Ministerio de Seguridad Pública. El cambio implicaría su transformación en una fuerza de orden y seguridad, con características similares a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, adoptando un carácter más jerárquico y no deliberante, junto con modificaciones estructurales en su organización interna.

Desde los gremios penitenciarios sostienen que la reforma no aborda los problemas estructurales del sistema y podría agravar las dificultades operativas del servicio. El Frente de Trabajadores Penitenciarios, a través de su vocero Pablo Jaque, advirtió que la ausencia de soluciones concretas podría derivar en renuncias masivas de personal, profundizando —a su juicio— la crisis de la función penitenciaria en el corto plazo.

Las asociaciones también han cuestionado la eventual disolución de las organizaciones sindicales al interior de Gendarmería, uno de los efectos del rediseño institucional propuesto. Este punto concentra un rechazo significativo, dado el rol que cumplen los sindicatos en la representación y defensa de los derechos laborales de los funcionarios.

La reforma, ingresada a la Cámara el 5 de enero, contempla además separar, en el mediano plazo, las funciones de seguridad pública de las tareas de reinserción social, creando una nueva institución dedicada exclusivamente a la reintegración de las personas privadas de libertad bajo la supervisión del Ministerio de Justicia.

El proyecto continuará su tramitación en particular en la Cámara, en un debate que se anticipa complejo y marcado por las discrepancias entre el Ejecutivo, el Congreso y los funcionarios penitenciarios.