CONTRALORÍA DETECTA QUE CARABINEROS NO INCAUTÓ 626 AUTOS ROBADOS NI DETUVO A 144 PRÓFUGOS, AL MOMENTO DEL CONTROL POLICIAL

 

La CGR analizó las fiscalizaciones de esa institución policial, realizadas en la Región Metropolitana (RM), entre enero de 2023 y junio de 2024. Se iniciará sumario y se derivaron los antecedentes al Ministerio Público.

La Contraloría General detectó una serie de irregularidades respecto del control de tránsito que realiza la Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros de Chile en la RM, entre enero de 2023 y junio de 2024.

Entre los principales hallazgos del informe N°158 de 2025, figura que 626 vehículos que mantenían encargo por robo no fueron recuperados, aun cuando fueron fiscalizados por la policía. De ellos, 358, al 13 de noviembre del año pasado, aún mantenían el encargo por robo.

La auditoría también detectó que 144 personas que tenían órdenes de detención pendientes por delitos como abuso sexual, tráfico ilícito de drogas o microtráfico, porte ilegal de arma de fuego e infracciones a la Ley de Tránsito, entre otros, no fueron detenidas, pese a que también fueron fiscalizadas en controles vehiculares efectuados por Carabineros.

Debido a la relevancia de las observaciones, la CGR instruirá directamente un sumario en la policía uniformada para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos detectados. Asimismo, el informe ha sido derivado al Ministerio Público.

Vehículos no retirados

Se constató que producto de los controles vehiculares, la entidad policial emitió 869 boletas de citación que contemplan infracciones que derivaban en el retiro de circulación de los vehículos. Sin embargo, estos no fueron llevados a cabo, pese a que los móviles incumplían con la legislación y circulaban sin placa patente, sin permiso de circulación vigente, certificado vigente del seguro obligatorio de accidentes personales, certificado de revisión técnica al día o sin contar con el certificado de homologación individual. También se consideran casos en que circulaban con la placa patente oculta, en mal estado o con el número de identificación del vehículo o de motor adulterados o borrados.

En sus descargos, Carabineros señaló como ejemplo que, según una ordenanza de la Municipalidad de Melipilla, no han podido hacer el retiro de los vehículos infractores, ya que el aparcadero municipal se encuentra con su capacidad máxima desde 2024.

Asimismo, la Contraloría comprobó que en 145.715 procedimientos de control de tránsito, el personal policial no consultó respecto de las patentes en el Sistema Unificado de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SUEV), impidiendo conocer el estado de esos coches.

Por otro lado, tras la revisión, quedó en evidencia que Carabineros no cuenta con dispositivos para analizar el nivel de transmisión luminosa de los vidrios, lo que impide efectuar el debido control a los coches con vidrios polarizados.

Finalmente, se advirtió la falta de una serie de procedimientos y/o normativas, tales como estandarización en el uso de los sistemas utilizados para el control vehicular, normas que disponga el uso del Sistema de Información Operativa (SIO), aprobación de los registros de infracción y eventos en el sistema AUPOL, ausencia de la revisión y validación de los registros de control vehicular.

Otras acciones derivadas

La Contraloría ordenó a la policía uniformada confeccionar y remitir un protocolo para el uso de la plataforma SUEV, sus responsables y las medidas a tomar en caso de su falta de cumplimiento.

También deberá acreditar el grado de avance del proyecto para la adquisición de dispositivos tecnológicos especializados, para medir el nivel de transmisión luminosa de los vidrios de vehículos motorizados, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del informe, mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.

Respecto de la Municipalidad de Melipilla, la CGR ordenó adoptar las medidas correctivas para dar cumplimiento a la normativa legal vigente respecto de los aparcaderos y remitió el informe a la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades, a fin de que se inicie una auditoría sobre la materia en ese y otros municipios.