Con la
participación de autoridades regionales, de la comuna de Maule y entidades
privadas vinculadas al empleo inclusivo, este miércoles se llevó a cabo la jornada Promoción de la Ley de
Inclusión Laboral a fin de compartir experiencias, soluciones concretas
y modificaciones a la normativa vigente que promueven una mejor integración al
trabajo de personas con discapacidad.
Durante el
encuentro, la seremi de Desarrollo Social y Familia del Maule, Sandra Lastra
hizo un llamado “a las empresas públicas, a los municipios, a los diferentes
entes del Estado para que también puedan incorporar a personas que tienen algún
tipo de discapacidad. Desde el Ministerio de Desarrollo Social a través de
Senadis, en conjunto con el Ministerio del Trabajo, estamos trabajando en los
reglamentos para poder mejorar esta Ley de Inclusión Laboral y poder incorporar
otros elementos que entreguen garantías a las personas que tienen algún grado
de discapacidad”.
Por
su parte, la directora regional del Servicio Nacional de la Discapacidad, Carla
Matteo, se refirió a las modificaciones presentes en la Ley de Inclusión
Laboral que, en agosto del 2024, fueron aprobadas por unanimidad en el
Congreso, considerando aspectos claves que no respondían de manera efectiva a la
contratación de personas con discapacidad.
“Después
de la evaluación que hemos hecho durante todo este periodo entendimos que, más allá
de cumplir con una cuota de contratación, lo que se requiere es cambiar la
cultura organizacional, tanto en el ámbito público y privado, porque no
solamente basta con contratar si no que necesitamos hacer ajustes necesarios,
considerar las necesidades porque el acceso al trabajo es un derecho para y
todos y todas”, concluyó.
Los
cambios
En términos generales, las principales
modificaciones que realiza la Ley de Inclusión Laboral son:
a)
Aumenta del
1% al 2% la cuota de contratación de personas con discapacidad o asignatarias
de una pensión de invalidez en empresas de 100 o más personas trabajadoras y en
instituciones públicas de 100 o más personas funcionarias.
b)
Modifica el
régimen de multas aplicables para el sector privado ante el incumplimiento de
las obligaciones contempladas en la ley de inclusión laboral.
c)
Modifica
las normas que regulan el ingreso y permanencia en la Administración del
Estado, municipios y en el cargo de asistente de la educación pública, con
respecto al requisito de salud compatible con el cargo y al requisito de tener
enseñanza media completa.
d)
Se refuerza
la fiscalización en el sector público, entregándole expresamente esta función a
la Contraloría General de la República.
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