CONTRALORA GENERAL SOLICITA MÁS ATRIBUCIONES PARA FORTALECER FISCALIZACIÓN DEL USO DE RECURSOS PÚBLICOS

 

 

En medio de la controversia por el uso fraudulento de licencias médicas dentro del aparato estatal, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, solicitó formalmente ante el Senado mayores atribuciones para que la institución que encabeza pueda cumplir con mayor eficacia su labor de fiscalización y control del uso de los recursos públicos.

Durante una sesión especial de la Cámara Alta, la contralora expresó que “solicitamos a los poderes colegisladores, Ejecutivo y Congreso, que evalúen la posibilidad de que las atribuciones de la Contraloría se amplíen, especialmente para acceder a bases de datos claves”. Pérez ejemplificó que, a diferencia de otros países, la Contraloría chilena no puede acceder directamente a cartolas bancarias de servicios públicos —no de funcionarios— por el amparo del secreto bancario.

“Debemos pedir por favor a los servicios la cartola de los bancos donde está depositado el dinero que queremos fiscalizar, y se nos responde con el secreto bancario. Necesitamos acceder a los saldos y movimientos bancarios mensuales para detectar desvíos a tiempo, antes de que los fondos desaparezcan”, explicó la contralora.

Además, propuso que la Contraloría pueda aplicar directamente sanciones en los sumarios administrativos que realiza, ya que actualmente las sanciones propuestas pueden ser modificadas o anuladas por otras instancias: “A veces proponemos una destitución tras una auditoría grave, y nos llega un sobreseimiento o una simple censura. Esto desmoraliza a la institución y a la ciudadanía”.

La autoridad también valoró los proyectos en trámite legislativo que buscan fortalecer la transparencia y el control público, como la ley de beneficiarios finales, transparencia 2.0 y la normativa sobre prevención de conflictos de interés.

En cuanto a la problemática de las licencias médicas fraudulentas, Pérez anunció el inicio de una auditoría coordinada con todas las unidades de control del Estado para revisar la recuperación de subsidios por incapacidad laboral, y aseguró que esta fiscalización se realizará cada año para generar un efecto disuasivo.

Finalmente, explicó que la Contraloría está revisando mecanismos para detectar viajes realizados durante licencias médicas, analizando bases de datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el transporte público interurbano y los registros de pórticos de carreteras.

La solicitud de la contralora fue bien recibida por senadores de distintas bancadas, quienes manifestaron su respaldo a otorgar mayores atribuciones al organismo fiscalizador, destacando la importancia de proteger los recursos públicos con herramientas eficaces y modernas.