DIPUTADO BENJAMÍN MORENO ENVÍA OFICIO A MINISTRA DE SALUD POR MILLONARIAS MULTAS COVID EN LA REGIÓN DEL MAULE

 

 

Ante el creciente número de denuncias por el cobro de multas sanitarias impuestas durante la pandemia de COVID-19, el diputado por la Región del Maule, Benjamín Moreno, ofició a la ministra de Salud para solicitar información detallada sobre los sumarios administrativos que derivaron en sanciones económicas en la zona.

La acción parlamentaria surge tras conocerse que cientos de personas han comenzado a recibir notificaciones de cobro por parte de la Tesorería General de la República, en algunos casos por montos que superan los $4 millones, y que arriesgan la retención de fondos o incluso el embargo de bienes.

En el oficio, el diputado Moreno solicita información desagregada sobre el número total de personas multadas en el Maule por infracciones sanitarias durante la pandemia, cuántos de estos casos han sido derivados a Tesorería para su cobro, cuántos se encuentran actualmente con mandamientos de ejecución y embargo, y cuántos corresponden específicamente a zonas rurales.

"Queremos transparencia en este proceso. Necesitamos saber con precisión el alcance de esta situación en nuestra región para poder evaluar medidas que permitan abordar sus efectos en la ciudadanía", sostuvo el parlamentario.

El diputado además cuestionó duramente la finalidad de estos cobros: "¿Y hacer caja, para qué? Para seguir financiando escándalos como los de las fundaciones, para seguir agrandando el Estado con sus amigotes y los ineptos innecesarios. Y los costos de todo eso, ¿quién los paga? Los chilenos, los maulinos, la gente que trabaja y que hoy no puede asumir deudas millonarias por multas que ni siquiera sabían que tenían".

Moreno enfatizó que muchas de estas personas viven en sectores rurales y no pudieron ser notificadas adecuadamente ni responder a fiscalizaciones durante la pandemia. "Esto no es justicia sanitaria ni orden administrativo, es aprovechamiento", declaró.

Finalmente, el diputado hizo un llamado urgente a las autoridades a revisar esta situación. “Es necesario frenar este abuso antes de que cause un daño mayor a miles de familias chilenas que ya enfrentan un alto costo de vida y dificultades económicas. Este tipo de cobros no puede continuar sin una evaluación justa y contextualizada”, concluyó.