FUNCIONARIA DEL REGISTRO CIVIL DE CAUQUENES EN PRISIÓN PREVENTIVA POR MALVERSACIÓN DE DINERO PÚBLICO
La Fiscalía de Cauquenes ha desarrollado una intensa investigación en torno a los hechos en que aparece como imputada una funcionaria del Registro Civil de Cauquenes, la que se encuentra en prisión preventiva, por su presunta participación en el delito de malversación de dineros públicos.
Durante un período de cuatro meses, la Fiscalía ha llevado a
cabo diversas diligencias con el objetivo de esclarecer un caso de malversación
de fondos públicos que involucra a la funcionaria Liliana Ríos Concha, quien
desempeñaba un rol clave en el Registro Civil de Cauquenes.
Las investigaciones han revelado que Ríos Concha habría
recibido pagos relacionados con más de 800 transacciones de vehículos que se
llevaron a cabo en notarías de la ciudad. Estos documentos, encontrados en su
propia oficina, nunca fueron debidamente tramitados en el Sistema de Vehículos
Motorizados ni se realizaron las inscripciones legales correspondientes en el
registro nacional de vehículos. Como resultado, la funcionaria no ingresó los
fondos al erario público y retuvo una suma estimada en 24 millones 207 mil
pesos.
El Fiscal Jefe de Cauquenes, Francisco Ávila, quien lideró
la investigación en colaboración con la Policía de Investigaciones (PDI), ha
declarado: "El Ministerio Público ha formalizado y comunicado los cargos
por el delito de malversación de caudales públicos, que se refiere a la
apropiación indebida que la funcionaria realizó de los fondos provenientes de
las transacciones de vehículos en notarías. Estas transacciones no fueron
registradas ni inscritas, resultando en un total de 879 contratos sin tramitar
y un monto total de 24 millones de pesos. Debido a la magnitud de la suma y la
gravedad del delito, el Ministerio Público solicitó la prisión
preventiva".
El tribunal ha respaldado la petición de la Fiscalía y ha
dispuesto la prisión preventiva de Liliana Ríos Concha, además de establecer un
plazo de investigación de tres meses. La decisión se basa en los argumentos
presentados por el fiscal Ávila, quien destacó la rapidez con la que se tomaron
medidas tras conocer los hechos y la gravedad de la malversación.
Este caso sigue siendo objeto de investigación, y las
autoridades competentes están trabajando para esclarecer todos los detalles y
llevar a cabo un proceso legal justo y transparente para lo cual cuentan con un plazo de tres meses para investigar.
Hasta el cierre de esta información se conocía reacciones
desde el Servicio de registro Civil respecto de los hechos investigados.
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